viernes, 9 de noviembre de 2012

Sucios desahucios


Esta mañana Amaya Egaña se ha matado al arrojarse por la ventana cuando iban a desahuciarla de su casa en Barakaldo. Al oír la noticia se me ha puesto la carne de gallina, se me ha encogido el estómago  e, irremediablemente, me he acordado del vecino de Burjassot (Valencia) que hace dos semanas se tiró por el balcón antes de que le desahuciaran; también del granadino José Domingo, quien decidió esperar ahorcado a quienes iban quitarle su casa.

En España hasta hace pocos años, ésos en los que creíamos que éramos ricos, las entidades bancarias daban préstamos a porrillo a las familias para que se compraran una casa en esos bloques de pisos o en esas calles llenas de chalés que florecían por doquier. En muchos casos sin tener muy en cuenta la situación económica que sustentaban quienes eran avalados. Estos préstamos y estas compras iban engordando el precio de las viviendas y la denominada Burbuja Inmobiliaria.

Pero vaya, la burbuja se ha roto y muchas de esas familias a las que se las concedió un préstamo para comprar una casa ahora no pueden pagarla y, si no pagan, el banco les quita su casa. Pero, ¿a qué precio?, y ,¿de qué modo? ¿En qué situación se quedan esas familias? Y, ¿qué hacen los poderes públicos para garantizar el artículo 47 de la Consitución que dicta que:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Claro que los contratos llevan letra pequeña.
Claro que las bancos no obligaron a las familias a firmar sus hipotecas.
Claro que los avalistas sabían que si el avalado no cumple tienen que pagar ellos.
Claro que no se supo ver la grave situación en la que nos encontramos. Pero, los bancos nunca pierden y, no olvidemos que, la vivienda es un derecho fundamental

Resulta que en nuestro país la ley que regula los deshaucios tiene más de 100 años, ¡es de 1909! Resulta que desde la Unión Europea acaban de denunciar que esta ley es contraria a la normativa comunitaria porque no garantiza la protección eficaz de los consumidores frente a las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios.
Resulta que esta semana los grupos parlamentarios mayoritarios han decidido reunirse para llegar a un acuerdo para endurecer los desahucios.
Resulta que a las familias les quitan la casa pero tienen que seguir pagando la deuda.
Resulta que los jueces se han posicionado en contra de los desalojos.
Resulta que hace un año en España había más de 3.417.064 viviendas vacías, el 13,2% del total de casas de nuestro país.

Desgraciadamente ni Amaya Egaña ni José Miguel Domingo soportaron la presión que ejercía sobre ellos y sus familias su deuda bancaria.
Desgraciadamente muchos españoles seguirán sufriendo sucios desahucios.
Desgraciadamente poderoso caballero sin escrúpulos es Don Dinero. 
Afortunadamente existen organizaciones que ofrecen ayuda a los afectados, como los son Stop Desahucios o Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Mientras tanto, ¿qué hacemos con los millones de casas vacías que hay por todo lo ancho y largo de la geografía de nuestro país? ¿Cuándo ganaremos las personas y no sólo los bancos?

Foto: Press.tucasa.com

miércoles, 10 de octubre de 2012

¡Urgente! Los pueblos se quedan sin urgencias

La crisis económica que estamos viviendo, y sufriendo, se está llevando por delante algunos de los pilares básicos del Estado social que tanto ha costado forjar. Muchos piensan que la crisis sólo es la excusa en la que se escuda el Gobierno, o los gobiernos, para poner en práctica políticas que llevan la marca conservadora de su ideología, perjudicando así a ciertos sectores que no son rentables, o incomodan, tanto en términos económicos, sociales o políticos. Siempre es más fácil hacer que el de al lado pague más, o cobre menos, que imponérselo a uno mismo; un ejemplo claro es que el menú de un diputado de la Asamblea de Madrid es más barato que el que tiene que pagar un niño en un colegio público de esta misma comunidad. Así las cosas, parece que ya nos hemos acostumbrado a que los recortes en ámbitos tan importantes y necesarios para una sociedad como son la Educación y la Sanidad sean noticia de portada todos los días.

Desde el día 1 de octubre en la provincia de Segovia han dejado de dar servicio de guardia médica, entre las diez de la noche y las ocho de la mañana, seis centros correspondientes a las poblaciones de Aguilafuente, Ayllón, Bercial, Boceguillas, Santa María la Real de Nieva y Turégano. Esta reducción del servicio sanitario tiene como justificación que los datos reflejan que los recursos existentes y las actuaciones del 112 garantizan la asistencia en la provincia. Aunque los afectados (y muchos no implicados) no parecen pensar lo mismo.

En éstas, la semana pasada me atacó un repentino constipado que aún arrastro. Después de dos días convaleciente, el jueves por la mañana llamo para pedir cita con mi médica y me la dan para el lunes de la semana siguiente. En mi estado no aguanto cuatro días sin que me vea un médico, así que por la tarde me acerco a urgencias. Tengo suerte, el pueblo en donde vivo no se ha quedado sin este servicio. A pesar de mi malestar no me dicen nada nuevo: que siga tomando paracetamol como estaba haciendo por mi cuenta, y que beba mucho zumo. Me siento un poco ninguneada, no por el diagnóstico sino por la indiferencia con la que me trataron. De acuerdo, no he ido a urgencias por una peritonitis, pero mi catarro tampoco podía esperar hasta el lunes.

La mágica fórmula de 'paracetamol y mucho agua' no hizo su efecto y el lunes, aprovechando mi visita al médico para hacer otras gestiones, consulté a mi doctora por mi largo y aún no curado resfriado... ¡Vaya!, mi historial digitalizado no reflejaba mi visita a urgencias del pasado jueves, y esto no me gustó. Esta ausencia de datos flaco favor nos hace a los que vivimos y usamos los servicios públicos en el medio rural. Si faltan estos datos, dada la situación y los precedentes, más argumentos damos, a aquellos que justifican datos injustificables, para que nos arrebaten lo que no se debería arrebatar .

Foto: elmundosalud.com